13 de octubre de 2021. La suscrita Leticia Ortega Máynez, Diputada de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, integrante del Grupo Parlamentario de Morena me presento a efecto de pronunciar el siguiente posicionamiento:
Como bien sabemos, el día 30 de septiembre de este año el Ejecutivo Federal presentó ante la Cámara de Diputados, una iniciativa de Reforma Constitucional a los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución Política, la cual contiene 9 artículos Transitorios.
En este pleno, hemos llevado a cabo discusiones y debates al respecto, exponiendo nuestras posturas, así como información relacionada. Es por esto que el día de hoy nuevamente hago uso de esta tribuna para transmitir información importante que no podemos dejar pasar en este espacio de pluralidad y democracia.
En la conferencia de prensa que llevo a cabo el Presidente Andrés Manuel López Obrador el día lunes 11 de octubre, la Secretaria de Energía, Rocio Nahle dio a conocer datos importantes e información de la cual parte la necesidad de llevar a cabo esta reforma y que me permito compartirles mediante este posicionamiento, mencionando los puntos importantes que se señalaron en dicha conferencia.
Primeramente, el artículo 25 propuesto que señala lo siguiente: El sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28 y que no constituirá monopolio las funciones que el estado ejerza de manera exclusiva.
Estas áreas estratégicas, mencionadas en el artículo 28 son correos, telégrafos, radiotelegrafías, minerales radioactivos, litio y demás minerales estratégicos, generación de energía nuclear, electricidad y la exploración y extracción del petróleo.
Dentro de los transitorios se establece que la CFE pasará a ser organismo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de la electricidad y del sistema eléctrico nacional, así como de su planeación y control; será autónoma en el ejercicio de sus funciones y en su administración, y estará a cargo de la ejecución de la transición energética en materia de electricidad.
Esto quiere decir que la CFE pasará de ser una empresa productiva del Estado a un organismo del Estado.
Como antecedente es importante mencionar que, con la reforma del 2013, se le dio el estatus de empresa del estado a la CFE para poderla dividir, y con ello se crearon 9 subsidiarias, 4 filiales y 4 unidades de negocio. Entre estas subsidiarias no podía haber una relación comercial ni financiera, estaban obligadas a tener una separación legal. Dentro de la reforma, subsisten como subsidiarias CFE-Telecomunicaciones e internet para todos, CFE-Energía, CFE-Internacional y CFE-Capital.
Otros de los puntos importantes corresponden al despacho de la energía eléctrica. Este despacho se refiere a cuando se produce la electricidad y se sube a la red de transmisión para que a través de las líneas llegue a nuestros hogares y negocios. Esta actividad le corresponde al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), el cual se encuentra fuera de la CFE desde el 2013.
En la reforma se busca que la CENACE se reincorpora a la CFE, de esta manera va a controlar el despacho de la electricidad, podrá vender la electricidad producida y obtener mayores ingresos, y brindar a 46.2 millones de usuarios energía constante las 24 horas a precios bajos.
Otro de los puntos importantes corresponde al esquema de los llamados contrato legado. Estos son acuerdos impuestos entre dos de las subsidiarias de la CFE para que compren electricidad entre ellas a precios generalmente altos y que impactan en las finanzas de la empresa. La reforma propone eliminar dichos contratos legados y un cambio de despacho en la electricidad.
En el 2013 fuera de la Ley, la Secretaria de energía publicó un acuerdo que se llama Términos para oferta de capacidad basados en costos y con este acuerdo limitó el despacho de electricidad de la CFE a la red de transmisión incluso violando la ley de industria eléctrica y con ello fijo el siguiente orden: A las 8 horas se sube la energía nuclear, después la solar y la eólica que son intermitentes y posteriormente la geotérmica, el gas, las hidroeléctricas, al final la térmica y el carbón.
Con esta reforma se pretende que primero se suba la energía de las hidroeléctricas porque es la energía más limpia, firme y constante y la más barata, después la nuclear, la geotermia, que utiliza el calor del subsuelo y es sustentable, la de gas y térmica, para dejar las intermitentes (eólica y solar) en los lugares 6 y 7, en el lugar 8 el gas de los privados y en el 9 el carbón.
Este nuevo despacho va a garantizar una mejor operatividad y flexibilidad en el sistema y además ayuda con las tarifas eléctricas.
De igual manera, sobre el artículo 27 constitucional, el cual se refiere a la transición energética, ésta corresponde exclusivamente a la nación. Consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica, la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieren para dichos fines. El estado queda a cargo de la transición energética y utilizara de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero.
Establecerá políticas públicas, científicas, tecnológicas e industriales, impulso al financiamiento y una planeación energética sustentable.
Sobre la Seguridad energética, el artículo 28 establece que la CFE generará como mínimo el 54% y los privados el 46% de electricidad. Esto garantiza a todos los mexicanos seguridad energética donde la CFE mantiene la misión de servicios social y con esto las tarifas de la luz se podrán mantener a un precio por debajo de la inflación. Asimismo, entre el 54 y el 46 van a coexistir para poder suministrar el 100%.
Dentro de los transitorios se señala:
1. Que las funciones de los órganos reguladores como es la comisión reguladora de energía y la comisión nacional de hidrocarburos pasan a ser parte de la Secretaria de Energía para garantizar una planeación adecuada en el balance energético y eliminar un exceso de burocracia.
Cabe mencionar que éstos ya formaban parte de la SE, sin embargo, con la reforma 2013 los hicieron autónomos y como ejemplo es importante mencionar lo siguiente:
La red eléctrica tiene una demanda proyectada para todo el país de 52,500 megawatts, pero la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha dado permisos por 134,372 megawatts derivado de una falta de coordinación.
Esta autonomía, menciona la Secretaria de Energía, fue solo con el propósito de extender permisos sin control ocasionando vicios de corrupción y un desbalance energético severo.
Asimismo, mencionó que la CFE actualmente tiene 191 centrales de generación, pero solo opera el 55% promedio de su capacidad. De estas 191, 69 son energías limpias eólica, hidráulica, geotérmica, nuclear y solar, pero en contraparte en el 2020, la CFE tuvo que comprar 90 terawatts/hora en el mercado eléctrico por 223 mil millones de pesos y por tener el 45% de sus plantas fuera de operación no facturó 215 mil millones de pesos más, los cuales se fueron a las empresas privadas. Prácticamente la CFE sostiene a los privados y les ha dejado el mercado.
Ahora, otro dato importante consiste en conocer cómo funciona la distribución de la electricidad. Todos los días se lleva a cabo una oferta manipulada a partir de las 8am, el CENACE, despacha primero la electricidad a quien oferta más barato, por lo general siempre lo hacen los privados, rotándose en grupos, sin embargo, en la noche cuando cierran la factura, a todos se les paga por igual el precio más alto. Esto ha generado un mercado perverso, entonces de que sirve que el primero venda más barato, si en realidad no existe ningún ahorro.
También esta reforma plantea cancelar los contratos, en razón a que desde el 2014 al 2018 se realizaron tres subastas a largo plazo de generación eólica y solar. De estas subastas la CFE está obligada a comprar durante 20 años a un precio fijo la electricidad que hoy es el más alto del mercado. Gran parte de estos proyectos fueron financiados por la Banca de Desarrollo de México, haciéndonos creer que eran inversiones que estaban llegando.
En lo que corresponde a los contratos de productores independientes, en los últimos años se han construidos 34 centrales privadas eléctricas. La CFE está obligada a comprarles su energía por 25 años, al final después de los 25 años la central les va a quedar a los privados. En este modelo la CFE está obligada a pagar el 100% de la generación, aunque le entreguen menos, y el excedente lo revenden en otro modelo ilegal llamado autoabasto.
En el 2013 se extendieron los permisos de autoabasto para que grandes fábricas produzcan su electricidad. Sin embargo, esto decayó en una práctica ilegal, creando un mercado eléctrico paralelo donde simularon estos permisionarios tener socios y empezaron a vender electricidad utilizando las líneas de transmisión de la CFE e incurriendo en fraude fiscal, esta actividad es ilegal.
Hasta hoy hay registradas 239 centrales de autoabasto y de ellas hay 77 mil 767 consumidores, estas centrales no cuentan con el permiso autorizado de suministro básico de vender electricidad. Algo que llama la atención es que si hay 239 centrales de autoabasto debería de haber 239 consumidores y hay 77mil.
Dentro de estas centrales de autoabasto, están grandes empresas, estas empresas no cubren el costo real de transporte, a lo que se le llama porteo, que es el viaje de la electricidad sobre el cable de la línea de transmisión. Estas empresas se interconectan en la red creando inestabilidad y perdida de confiabilidad en el sistema y aparte captan incentivos de la CFE entre otras cosas.
Sobre estos incentivos, con la reforma del 2013 se implementaron unos certificados que se llaman certificados de energía limpia con el propósito de incentivar a generar este tipo de energía. La CRE emite estos certificados por cada megawatts producido generalmente por las energías eólica o solar a los productores privados. Una vez que se dan, la CFE los tiene que comprar, ya que es la única empresa que compra electricidad para vender al público. Sin embargo, la ley en el 2013 no contempló que la CFE tuviera acceso a estos certificados por la energía limpia que ya produce a través de su central nuclear, de sus hidroeléctricas y de su geotermia. Actualmente la CFE ha pagado más de 6mil millones de pesos de estos certificados a 335 centrales privadas. Al finalizar el contrato se habrá subsidiado prácticamente el 50% de la inversión inicial de estas plantas.
Si estos contratos no se cancelan en 20 años la CFE va a tener que pagar más de 100mil millones de pesos.
Actualmente, tras este modelo que se diseñó en el 2013, ya el 62% de los generadores son privados y sólo el 38% de la CFE, la reforma plantea eliminar las modalidades ilegales de generación privada y que en el 46% de producción que a diario se despache haya una auténtica competencia justa y pareja, reconociendo los costos de producción para mantener una armonía en el mercado
La CFE se encargará de mantener los márgenes establecidos en los compromisos internacionales que México ha firmado. Los artículos 25 y 28 constitucional mencionan que el litio es propiedad de la nación, no se otorgarán concesiones y no constituirá un monopolio las funciones que el estado ejerza de manera exclusiva en este mineral estratégico, en sus transitorios se menciona que las concesiones mineras ya otorgadas por el estado mexicano y por las cuales ya se está explorando y/o explotando oro, plata, cobre y otros minerales se conservan en los términos que fueron otorgadas, sin embargo, estas concesiones no amparan la explotación y producción del litio.
A las concesiones mineras ya otorgadas por el estado mexicano y en que a la fecha ya existen antecedentes de exploración de litio debidamente avaladas por la SE no les será aplicada la restricción debida en el párrafo anterior.
Es importante que todos y todas conozcamos los detalles de esta reforma, que tengamos información oficial que nos permita generar nuestra opinión al respecto, pero una opinión consciente e informada. Es una realidad que las grandes corporaciones pagan muy poquito por la luz y la gran mayoría, tienen que pagar más.
La CFE es una empresa pública que no tiene propósitos de lucro, que funciona para servirle al pueblo mientras que las empresas siempre van a tener como fin obtener beneficios propios.
La electricidad actualmente es considerada un suministro básico, como un derecho humano, quien no lo tiene genera pobreza social. Con esta reforma el estado preservará la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población.



Dip. Leticia Ortega Máynez