24 de septiembre de 2024. El Congreso del Estado, exhortó a la Secretaría de Hacienda del Estado para que, en coordinación con la Fiscalía General y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, incorporen a la Plantilla de Servidores Públicos del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2025, la plaza de traductor e intérprete indígena.

El exhorto presentado por la diputada Edith Palma Ontiveros (MORENA), se hizo extensivo al Poder Judicial para que se contrate una mayor cantidad de personal calificado, e incorporarlo al Centro de Personas Traductoras e Intérpretes de las diversas lenguas originarias, evitando con ello la eventualidad en las contrataciones, acción que impide la consolidación de dicha instancia especializada.

En tribuna, la legisladora expuso que cerca de un año y medio de la creación del Centro de Traductores e Intérpretes del Estado de Chihuahua, se observa que todavía no ha sido posible que las instituciones responsables de la procuración y administración de justicia en la entidad se sometan cabalmente al imperio de la ley.

Explicó que de acuerdo a investigaciones de instituciones y organizaciones diversas, dentro de las cuales se incluyen la Comisión Nacional y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en las estadísticas vinculadas con violaciones a los derechos humanos, éstas se elevan en relación a las violaciones procesales de que son víctimas las personas de los pueblos y comunidades indígenas, en las que el racismo y la discriminación son prácticas generalizadas, lo que sin duda tiene lamentables repercusiones en lo que se refiere a la obligación del Estado para garantizar el derecho de acceso a la justicia de los pueblos originarios, tema que sigue siendo una deuda pendiente en la agenda de las instituciones de procuración y administración de justicia en México, y Chihuahua no es la excepción.

Para concluir, la legisladora añadió que el presupuesto para el Centro de Personas Traductoras del 2024 es de más de 6 millones 770 mil pesos; esto es, un 23 % más que al cierre de 2023, la cantidad de intérpretes contratados continúa sin superar las 6 personas, lo que nos lleva a presumir que pudiera tratarse de una estrategia mediante la que se pretende evadir el cumplimiento de la Ley.