01 de agosto de 2025. Chihuahua, Chih., 1 de agosto de 2025.- La diputada por morena en el Congreso del Estado de Chihuahua, María Antonieta Pérez Reyes, advirtió sobre la urgente necesidad de que el Poder Judicial del Estado adopte una verdadera perspectiva de infancia al analizar, ponderar pruebas y resolver casos relacionados con delitos que afectan a niñas, niños y adolescentes (NNA), especialmente ante el alarmante aumento de denuncias públicas por violencia sexual infantil.

“Nuestro estado enfrenta un reto impostergable: lograr que los juzgadores analicen y resuelvan con sensibilidad, conocimiento y especialización los casos que involucran a la niñez. La justicia debe ser accesible, empática y adecuada para la infancia”, subrayó la legisladora.

Pérez Reyes recordó que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han establecido criterios claros: cuando se trata de NNA, las autoridades deben aplicar un sistema de justicia adaptado que considere el interés superior de la niñez, su grado de desarrollo, madurez y condiciones particulares, asegurando medidas que permitan una participación activa y no revictimizante.
La SCJN ha sido clara: los jueces y juezas deben garantizar un trato especializado desde el inicio del proceso hasta la ejecución de la sentencia, adaptando tanto los aspectos materiales (salas de espera adecuadas, circuitos cerrados de TV, materiales lúdicos para facilitar el testimonio) como los procesales e interpretativos.

La diputada reconoció el valor del programa Antenas de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) en Chihuahua, el cual permite a través de herramientas proyectivas y un personaje virtual llamado Antenas tomar declaraciones en tiempo real a menores víctimas o testigos de delito. Este programa ha sido implementado con éxito en Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral, Meoqui y Delicias.

“Modelos como Antenas deben ser acompañados por una capacitación transversal e integral a todos los operadores del sistema de justicia: ministerios públicos, policías, peritos, y muy especialmente, juzgadores. No podemos dejar fuera a quienes emiten las sentencias”, enfatizó Pérez Reyes.
Casos que evidencian fallas estructurales
Como ejemplo, la diputada señaló dos casos recientes donde la falta de perspectiva de infancia resultó en resoluciones judiciales preocupantes:

* Un menor de 3 años cuya denuncia por violación fue desestimada por la jueza, quien incluso acusó de falsedad a la médica y psicóloga que corroboraron el abuso.
* Una niña de 6 años con autismo y ansiedad, víctima de violación y contagio de ETS, donde la autoridad judicial negó en dos ocasiones la orden de aprehensión contra el presunto agresor, pese a peritajes contundentes y a la identificación del responsable.

Ante esta realidad, la diputada presentó una propuesta de reforma al artículo 123, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, con el objetivo de que se incluya de manera obligatoria a los integrantes del Poder Judicial del Estado en los procesos de capacitación. Quedando redactado de la siguiente manera:
“Capacitar de manera continua, mínimo dos veces al año, a todo el personal adscrito a las dependencias municipales y estatales relacionadas con la prevención, persecución e investigación del delito, así como a los integrantes del Poder Judicial del Estado, a fin de garantizar la aplicación de los principios de no revictimización, interés superior de la niñez”.

La legisladora subrayó que esta reforma es indispensable para cerrar la brecha entre quienes investigan y quienes imparten justicia, logrando que todas las decisiones sean tomadas bajo los mismos estándares y principios de protección integral de la niñez.

“No basta con buenas intenciones. Si queremos proteger realmente a nuestra niñez, debemos garantizar que cada operador del sistema judicial esté preparado para entender y atender sus necesidades, sin revictimizarlos ni poner en duda su voz”, concluyó Pérez Reyes.