01 de agosto de 2025. Chihuahua Chih. a 01 de agosto 2025.- La diputada local de morena, María Antonieta Pérez Reyes exhortó a la titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), Wendy Paola Chávez Villanueva, para que de manera personal se involucre con las abogadas defensoras del caso de una menor violentada y definir a la brevedad una estrategia contra el presunto responsable del delito sexual.

En su exposición de motivos la legisladora, expuso la negativa de la autoridad responsable de emitir una orden de aprehensión en contra de un presunto responsable de una agresión sexual en contra de una menor de edad.

“Esta situación constituye una omisión grave que perpetúa la impunidad, vulnera los derechos fundamentales de la víctima, una menor de apenas seis años de edad, diagnosticada con autismo, y trastorno de atención con hiperactividad y ansiedad y contradice los principios de legalidad, interés superior de la niñez, acceso a la justicia, debida diligencia y protección reforzada de grupos en situación de vulnerabilidad”, explico Pérez Reyes.

Señaló que resulta inaceptable, desde el punto de vista jurídico, ético y humano, que pese a la contundencia de los elementos probatorios recabados, entre ellos peritajes médicos que confirman no solo la violación sexual sino el contagio de una enfermedad de transmisión sexual y siendo el presunto agresor su propio padre biológico, la autoridad judicial opte por la inacción, ignorando además los estándares establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tratados internacionales en materia de derechos de la infancia y discapacidad.

María Antonieta Pérez, recordó también el alarmante incremento de posibles casos de violaciones sexuales infantes sobre todo en Ciudad Juárez, donde se presenta también la problemática de que los jueces; en quienes recae la responsabilidad de analizar las denuncias; no están juzgando con perspectiva de infancia.

En este contexto, la congresista de morena solicitó la intervención del H. Juzgado de Distrito correspondiente, a fin de restablecer el orden constitucional vulnerado, tutelar eficazmente los derechos de la menor agraviada y evitar que la falta de una actuación diligente por parte del Estado derive en una revictimización y en un mensaje de impunidad.